El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, con Sentencia No. 2-16-EI/21 desestimó la acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena (El), presentada por la Defensoría del Pueblo en contra de la resolución de la Asamblea General de la comunidad de Totoras, por una supuesta vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Se determinó que la Asamblea General y el Cabildo de la comunidad de Totoras, conforme los principios y el Reglamento Interno de la comunidad, son autoridades indígenas con legitimidad para ejercer la función jurisdiccional, cuentan con normas y principios de su derecho propio para resolver, sin más restricciones que las establecidas en la Constitución, los conflictos internos sometidos por los miembros de la comunidad para su conocimiento y resolución.
Además, se explicó que la Defensoría del Pueblo no ha justificado sus cargos para desvirtuar la competencia y legitimidad de la Asamblea y el Cabildo de la comunidad de Totoras para resolver los hechos sometidos a su conocimiento. Asimismo, explicó que no tiene elementos que le permitan examinar una potencial vulneración de los derechos del adolescente SBGQ que no hayan sido protegidos por las autoridades indígena de la comunidad Totoras.
La jueza Karla Andrade, en su voto concurrente, examinó:
1) el ámbito de la legitimación activa de la Defensoría del Pueblo para presentar garantías jurisdiccionales; y,
2) la desestimación de la acción, y, considero que cabía declarar el desistimiento expreso mediante auto.
La jueza Carmen Corral y el juez Enrique Herrería, en su voto salvado conjunto, señalaron, entre otros criterios, que el caso habría permitido solventar el interrogante sobre ¿cómo entender el interés superior de las niñas, niños y adolescentes dentro de la justicia indígena, concretamente, en casos de abuso sexual?, así como la coordinación entre la justicia indígena y ordinaria.
