El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, con *Sentencia No. 964-17-EP/22* tras aceptar una acción extraordinaria de protección por vulneración del derecho ala seguridad jurídica, generada por la desnaturalización de una medida cautelar autónoma, la Corte Constitucional (CCE) realizó una declaratoria jurisdiccional previa de error inexcusable y manifiesta negligencia respecto de las actuaciones del juez de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el cantón Guayaquil y de los jueces de la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Guayas.
La CCE identificó que las autoridades jurisdiccionales incurrieron en error inexcusable y manifiesta negligencia al conceder y tramitar un recurso procesal inexistente; suspender el proceso coactivo para remitirlo en consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN); y, hasta la actualidad, no pronunciarse sobre la respuesta remitida por dicho Tribunal. Como consecuenciadeestasconductas,lasmedidascautelares-quefueronpreviamenterevocadas-se mantienen vigentes, lo cual desconoce su carácter temporal y revocable, desnaturaliza esta garantía jurisdiccional e inobserva el art. 35 de la LOGJCC.
Como parte de las medidas de reparación, la CCE dispuso que las declaraciones jurisdiccionales realizadas en la sentencias notificadas al Consejo de la Judicatura, para que, en ejercicio de sus competencias, inicie los correspondientes sumarios administrativos y en ellos determine, entre otras cuestiones, el grado de responsabilidad de cada juez y las sanciones correspondientes. Además, le ordenó que, en el plazo máximo de quince días, difunda la sentencia en su página de internet, por un período de seis meses consecutivos, a través de sus cuentas oficiales de redes sociales y mediante circular, entre los jueces, juezas, fiscales, defensores y defensoras públicas.
